[AF] a la cola del gasto sanitario

[Eduardo Satue]

*Artículo publicado por Vicenç Navarro en Público, el 29 de julio de 2010*

*Este artículo señala que, en contra de lo que están diciendo voces 
excesivamente complacientes, España se gasta en sanidad pública mucho 
menos de lo que le corresponde por el nivel de desarrollo económico que 
tiene (y ello a pesar de los avances que se han hecho en los últimos 
años). El artículo señala posibles fuentes de financiación para cubrir 
el déficit de gasto público sanitario, señalando que el énfasis 
mediático en el copago ha ignorado otras alternativas que generarían más 
fondos y serían más equitativas.*

Existe una visión excesivamente complaciente de la sanidad española que 
señala que España se gasta ya en sanidad lo que le corresponde por su 
nivel de riqueza. Los que sostienen tales tesis presentan los últimos 
datos de la OCDE (el grupo de países más ricos del mundo) que muestran 
que España se gasta un porcentaje de su PIB casi idéntico al del 
promedio de los países de la OCDE. Este dato, sin embargo, es 
desorientador y poco significativo. La OCDE es un grupo de países de 
enorme diversidad en su nivel económico, incluyendo países como Méjico y 
Chile, que tienen un PIB per cápita y un gasto sanitario muy bajo. De 
ahí que el promedio sea relativamente bajo, lo cual nos da una buena 
imagen, que es lo que desean quienes utilizan tal indicador.

El indicador más valioso para medir el grado de desarrollo de la sanidad 
pública española es el gasto público sanitario por habitante, 
comparándolo con el promedio de la UE-15, el grupo de países de la UE de 
semejante nivel de desarrollo al nuestro. Y ahí sí que no hay razones 
para la complacencia. Continuamos estando, junto con Grecia y Portugal, 
a la cola de la UE-15. Si en lugar de tal indicador escogemos el gasto 
público sanitario como porcentaje del PIB o el porcentaje de la 
población adulta que trabaja en sanidad vemos que también estamos a la 
cola de la UE-15.

Este bajo gasto público explica la polarización por clase social de la 
sanidad española, de manera que el 30% de la población española (la de 
renta superior) utiliza la sanidad privada, y el 70% restante, las 
clases populares (la clase trabajadora y la mayoría de las clases 
medias), utilizan los servicios públicos. Esta polarización de la 
sanidad no es buena ni para las personas de rentas superiores ni para la 
mayoría de la población, puesto que, aún cuando la privada sea, en 
general, mejor que la pública en confort (una cama por habitación 
hospitalaria, por ejemplo), tiempo de visita más largo y listas de 
espera más cortas, y mejor trato personal, la pública es mucho mejor en 
la calidad del personal y apoyo científico tecnológico que la sanidad 
privada, con lo cual, si el lector cae enfermo de verdad, le aconsejo 
que vaya a la pública, tal como hizo el Rey de España.

Lo que se requeriría sería una sanidad pública multiclasista que tuviera 
el confort de la privada, manteniendo la calidad de la pública. Ahora 
bien, para ello se necesita mucho más dinero. En realidad, la 
subfinanciación de la sanidad pública se ha agravado como consecuencia 
de la crisis, lo cual ha forzado a las autoridades públicas a considerar 
varias opciones a fin de conseguir recursos para la sanidad pública. 
Algo que debiera ya haberse hecho desde hace tiempo (y que estaba en los 
programas electorales de los partidos de izquierda, incluyendo el PSOE) 
era una mayor carga impositiva (y muy en especial de los sectores que se 
han beneficiado más estos últimos años de la gran bonanza económica) que 
conllevará mayores recursos al estado. Es escandaloso que mientras que 
el porcentaje en impuestos que paga un trabajador de la manufactura en 
España sea ya el 74% del que paga su homólogo sueco, el de un gran 
empresario sea sólo el 38% de su equivalente sueco.

Otra medida que debería considerarse es el incremento de impuestos 
finalistas sobre el tabaco y el alcohol, mucho más bajos que en el 
promedio de la UE-15. Otra fuente de ingresos debería ser el pago que 
las mutuas laborales controladas por la patronal tendrían que hacer a la 
sanidad pública, con el fin de cubrir el coste de atender las 
enfermedades laborales, que significan casi el 18% de todos los enfermos 
hospitalizados. Las mutuas laborales (las entidades con mayores 
beneficios en el mundo mutual) no pagan –como deberían- estos gastos. Si 
lo hicieran, conseguirían unos ingresos al Estado considerables.

Los medios de información de mayor difusión han olvidado estas fuentes 
de ingreso, centrándose en los copagos (y muy en particular, el copago 
de 1 euro por visita, cantidad que se justifica frecuentemente como 
medida disuasoria para reducir la demanda). Se asume erróneamente que el 
usuario español abusa del sistema, tomando el elevado número de visitas 
sanitarias por habitante (9 visitas) como ejemplo de este abuso (el 
promedio de la UE-15 es de 6 visitas). Pero lo que no se dice es que, de 
estas nueve visitas hay, al menos tres, que en otros países las atiende 
o bien una enfermera o bien un administrativo, y que en España, en 
cambio, las hace el médico. El médico está sobrecargado, pero ello no 
quiere decir que el usuario abuse, pues en otros países, las enfermeras 
tienen mayor responsabilidad y los médicos tienen mayor apoyo 
administrativo. Las reformas del sistema, priorizando la atención 
sanitaria comunitaria, como se está haciendo en Cataluña, es una manera 
de disminuir la demanda. Por otra parte, los que generan la demanda que 
ocasiona costes (farmacia, pruebas clínicas, intervenciones) no es el 
usuario sino el médico.

En España ya existe el copago en farmacia y puede mejorarse en cuanto a 
su equidad. Pero es erróneo centrarse en el copago a costa de las otras 
intervenciones públicas más generadoras de recursos. Ello no niega la 
importancia que el copago pueda tener para conseguir fondos para proveer 
nuevos servicios (como podología u odontología) siempre que sus precios 
sean regulados y que sean equitativos. Lo que no puede permitirse es que 
continuemos a la cola de la UE-15 en gasto público. El riesgo de 
privatización y de mantenimiento de la polarización pública-privada no 
procede de los copagos sino de la desgravación de las mutuas sanitarias 
privadas, lo cual, además de significar un coste al erario público 
(cualquier desgravación es un subsidio público), incrementaría, todavía 
más la polarización del sistema sanitario por clase social, lo cual 
sería un gran error.